MODULO 7 / IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL ACUERDO DE ESCAZÚ

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Para lograr estos objetivos, es crucial desarrollar estrategias de implementación efectivas que incluyan planes y políticas claras, así como sistemas de monitoreo y evaluación robustos.

La implementación del Acuerdo de Escazú requiere la formulación de planes y políticas que integren sus principios en las legislaciones nacionales y locales. Estos planes deben:

1. Establecer objetivos claros: Definir metas específicas y alcanzables relacionadas con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia.
2. Asignar responsabilidades: Identificar las instituciones y actores responsables de la implementación de cada aspecto del acuerdo.
3. Desarrollar marcos normativos: Crear o adaptar leyes y regulaciones que faciliten la implementación de los principios del Acuerdo de Escazú.
4. Promover la capacitación: Capacitar a funcionarios públicos y actores relevantes en los principios y prácticas del acuerdo para asegurar una implementación efectiva.

El monitoreo y evaluación (M&E) son componentes esenciales para asegurar que las estrategias de implementación sean efectivas y se ajusten según sea necesario. Un sistema de M&E robusto debe incluir:

1. Indicadores de desempeño: Definir indicadores específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo (SMART) para evaluar el progreso.
2. Recolección de datos: Establecer mecanismos para la recolección continua de datos relevantes que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos.
3. Participación de la sociedad civil: Involucrar a organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales en el proceso de monitoreo para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.
4. Informes periódicos: Publicar informes periódicos que presenten los avances y desafíos en la implementación del acuerdo, permitiendo ajustes y mejoras continuas.

Algunos países han desarrollado buenas prácticas en la implementación del Acuerdo de Escazú que pueden servir como referencia:

• Chile: Ha establecido un portal de transparencia ambiental que facilita el acceso a la información y la participación pública.
• Costa Rica: Implementa programas de capacitación para funcionarios y comunidades sobre los derechos y obligaciones bajo el acuerdo.
• México: Ha desarrollado sistemas de monitoreo participativo que involucran a comunidades locales en la recolección y análisis de datos ambientales.